Por Psic. Emma González.
Los problemas de aprendizaje, se definen como las dificultades que presenta un individuo en destrezas propias para llevar a cabo la adquisición de un conocimiento, generalmente escolar, con frecuencia se presentan en las áreas de lectoescritura, cálculo y lenguaje, estando algunas veces, aunque no siempre, relacionados entre sí.
Los niños con discapacidad generalmente suelen tener este tipo de afectaciones ya que existe una alteración importante en funciones íntimamente relacionadas con el sistema nervioso.
Es de suma importancia aclarar que la discapacidad intelectual y las dificultades en el aprendizaje comparten características; sin embargo su etiología, campo de acción y métodos de intervención deben ser claramente definidos, ya que de lo contrario podemos correr el riesgo de ocasionar verdaderos daños irreversibles que dejen una marca permanente en los niños.
La discapacidad intelectual conlleva entre sus características una disminución considerable en cuanto a la adquisición del aprendizaje, queda comprometida una parte significativa de las funciones principales como memoria, atención, capacidad organizativa, pero sobre todo en funciones autónomas que por lo general comprometen su independencia como la capacidad espacial, de ubicación, trastornos en el sistema motriz y en el área cognitiva y de razonamiento, principalmente.
El maestro en las escuelas “regulares” y “especiales” se encuentra con un sinfín de diagnósticos diferenciales que para términos prácticos de poco le sirven; la educación especial en particular ha sido un campo fértil para la proliferación de etiquetas que en la mayoría de los casos termina por crear una serie interminable de versiones, confusas, poco diferenciadas y ambivalentes entre sí; creando espacios de “legitimación,” de constructos segregadores y discriminatorios para colectivos que por ser “diferentes” a una mayoría estadística, cargan con un rótulo que los marca en la distinción.
En las personas con discapacidad existen problemas de aprendizaje, además de otra serie de situaciones que deben atenderse desde la adecuación de métodos y sistemas que exijan en la mayoría de lo posible alcanzar normas suficientemente funcionales.
En los problemas de aprendizaje, no necesariamente existe una discapacidad, como tal, se considera que el niño posee la mayoría de las habilidades; sin embargo existe una discrepancia que debe ser atendida desde lo académico, que muchas veces llega a afectar considerablemente en lo emocional y por lo tanto en la esfera de lo conductual.
Sin embargo cualquier que sea el “diagnóstico”, tanto la psicología, como la pedagogía y docencia, respectivamente y de manera común, deben ser disciplinas que subrayen y salvaguarden ante todo la integridad de la persona y el crecimiento emocional en el niño, brindando un ambiente facilitador que lo motive hacia el logro orientado en sus virtudes, no en las debilidades.
RECOMENDAMOS:
Aguilera, A. y García I (2004) El concepto de dificultades del aprendizaje. en A. (coord) Introducción a las Dificultades del aprendizaje, Madrid. Ed Mc Graw Hill.
Egea García y Sarabia Sánchez (2004) Visiones y modelos conceptuales de la discapacidad, Revista Polibea. http:// usuarios.discapnet.es/disweb2000/Publicaciones.htm.
lunes, 7 de junio de 2010
martes, 6 de abril de 2010
LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN MÉXICO Y LA URGENTE NECESIDAD DE LA APROPIACION DEL MARCO LEGAL EN EL DISCURSO DEL DOCENTE.
Hablar de las condiciones educativas en nuestro país, requiere de un análisis minucioso y exhaustivo, finalidad que no pretendemos seguir en este espacio, pero que buscamos puntualizar con el objetivo de motivar a la reflexión del docente sobre el lugar tan importante que ocupa con su labor cotidiana al frente del aula.
La reflexión dota al discurso de la validez y confiabilidad suficiente que sirve para evidenciar lo que a simple vista se manifiesta; la deficiencia de un sistema educativo que hasta el 2008 mantenía a nuestro país en el lugar número 52, descendiendo 5 lugares desde el 2007 según organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien prevé que los Objetivos del Milenio, dentro de los cuales se encuentran la reducción del número de personas analfabetas, la mortalidad infantil, fallecimientos de mujeres embarazadas, discapacidad infantil, desnutrición y deserción escolar en México, corren "momentos de incertidumbre" al no contar con los apoyos necesarios para superarse.
Y es que en un país, en donde según los especialistas mencionan que el gobierno mexicano es de los que menos recauda en el mundo, superando apenas el 8% del Producto Interno Bruto PIB, debido entre otras cosas a la ineficiencia de un sistema de recaudación fiscal y a la corrupción que impera sobre todo en el imago colectivo como signo de aceptación social y no al revés; no es de sorprenderse que de lo recaudado se le asigne una mínima parte a la educación, salud, incluso a la seguridad pública.
En el caso de la atención a las personas con discapacidad, en materia educativa, los recortes para el Programa de Fortalecimiento de la educación especial y de la Integración Educativa se redujo en 88.2%, pues de los 662.4 millones de pesos asignados para 2009, en 2010 pasó a 78. 2 millones de pesos. El Programa de Educación para personas con discapacidad se recortó en un 25%, al pasar de 100 a 75 millones de pesos, para este año.
El panorama puede resultar desalentador y lo es, las cifras en papel revelan la realidad en la que miles de alumnos, maestros, directivos, personal administrativo y padres de familia viven no solo en la escuela "especial", sino también dentro de una sociedad en la cual las personas con discapacidad apenas empiezan a ser visibles, donde el cuestionamiento aparece cuando se trata de la adquisición de responsabilidades. ¿A quién o a quienes, les o nos, corresponde cambiar esta realidad que los analistas ven en número y nosotros en los días?, ¿en quienes están fincadas las esperanzas, los milagros o las exigencias?, ¿es responsabilidad de la ciudadanía, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, cambiar este desconsolador panorama?, ¿se puede? o ¿es una realidad dada de una vez y para siempre a la cual no nos queda más que acostumbrarnos y resignarnos?, ¿tenemos o no opciones? y si las tenemos ¿cuáles son y en qué consisten?
El marco legal como garantía de la educación especial en México.
Se piensa que la educación especial sólo está reservada a la gente que presenta discapacidad o necesidades educativas especiales, sin embargo la educación especial también se encuentra dirigida a los alumnos que presentan características sobresalientes o "superdotadas",cubre un marco integral para todos los individuos que por múltiples razones salen de una norma.
En México la educación especial cobra antecedentes desde inicios del siglo XIX, se crean los primeros centros de atención para tres grupos de la población en específico, los inadaptados sociales, ciegos y sordomudos; en el año de 1915 se funda en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental.
Los cambios constitucionales de 1917, traen consigo la democratización de la educación estipulada en el Artículo Tercero de nuestra Constitución, señalando la consigna principal de que "todo individuo debe tener derecho a la educación" correspondiéndole a diversos actores de la sociedad académica principalmente, vigilar estos principios, de unanimidad, laicismo, fomento y desarrollo.
Por decreto presidencial en 1970 le corresponde a la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Especial, organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema federal de educación especial y la formación de maestros especialistas.
En 1993 nuestro país consolida, sólo en un marco legal, las bases que buscan garantizar la igualdad y equidad de oportunidades en el ámbito de la educación por medio de la Ley General de Educación, en donde estipula las bases para la regulación educativa que imparte el Estado, dicha ley reitera en su Artículo 2º, lo que nuestra Carta Magna hace en el Artículo 3º Constitucional, al enunciar el derecho a la educación para todo individuo, entendiendo el derecho, como el conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio creados por el Estado, para la conservación del orden social.
En cuanto a la educación especial, la Ley General de Educación, integra el ya afamado Artículo 41, que para algunos autores ha revelado los indicios de las “medidas más revolucionarias” en cuanto al tema de la educación para personas con discapacidad, aunque es un esfuerzo digno de reconocerse, lo cierto es que a la realidad no es suficiente.
En 1995 la Secretaría de Educación Pública, realizó el Registro Nacional de Menores con algún signo de discapacidad y se repartieron 24 millones de cédulas a padres de familia y maestros de educación básica, mencionando los derechos educativos de los menores con discapacidad, al día de hoy resulta inadmisible que a quince años de este Registro Nacional, no haya cifras exactas que nos permitan impartir políticas públicas de calidad educativa para las personas con discapacidad y que sus opciones al paso de los años parezcan quedar reducidas a lugares de asistencia, motivando la existencia de cifras como las que el 98% de los niños con discapacidad en los países en desarrollo no asisten a la escuela.
Las leyes están parcialmente inscritas y manteniéndose desde un orden subjetivo sin cobrar terreno en la realidad, existe una notable incapacidad para asirlas y hacerlas nuestras; apropiarnos de la leyes es corporeizarlas y darles forma en lo cotidiano, hacer que existan en cada uno de los sujetos a los que van dirigidas.
Las leyes se cumplen cuando se sabe de su existencia,salen del anonimato y son nombradas, es ahí cuando dejan de ser una “cosa” y se les comienza a dar sentido en el discurso colectivo que las hace valer, al mismo tiempo que las hace existir.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; el instrumento jurídico al cual asirse.
La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad es la reacción a la comunidad internacional ante el largo historial de discriminación, exclusión y deshumanización de las personas con discapacidad.
El Gobierno mexicano en voz de Don Gilberto Rincón Gallardo presentó en el 2001 ante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, una propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas para que abriera un proceso orientado a la aprobación de un tratado “amplio e integral que protegiera la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”
Tras varios años de negociaciones este enorme esfuerzo se materializa el 13 de diciembre del 2006 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba por consenso la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo Facultativo, ante un hecho histórico pues ha sido el tratado que se ha negociado con mayor rapidez y el primero del siglo XXI.
Sin duda este acto de protagonismo del gobierno, obliga aún más al Estado mexicano a tutelar y promover los derechos y las oportunidades de las personas con discapacidad.
México firma el 30 de marzo de 2007 y ratifica el 17 de diciembre del mismo año, lo cual indica que según la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acuerdos y tratados internacionales firmados por México pasan a formar parte de nuestro cuerpo de leyes, y su nivel normativo es muy alto, sólo por debajo del de la Constitución, pero por arriba de leyes generales, federales y locales.
Con esta firma el gobierno y los legisladores mexicanos tienen una tarea inmediata: armonizar nuestras leyes y políticas públicas con el contenido de la convención de la ONU para modificar el trato a las personas con discapacidad en los distintos ámbitos fundamentales de la vida social, como lo son la salud, la educación el empleo y el acceso a la justicia.
La Convención no reconoce ningún nuevo derecho humano de las personas con discapacidad, sino que aclara las obligaciones y deberes jurídicos de los Estados de respetar y garantizar el ejercicio por igual de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En el Artículo 24 de la Convención enuncia que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, haciendo efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, en donde aseguren un sistema de inclusión a todos lo niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida; sin embargo en nuestras leyes no se contempla el acceso a la educación superior de personas con discapacidad, ni la facilitación de apoyo personalizados y tampoco garantiza su inserción a un sistema inclusivo preparado para recibirlos.
Las demandas de un trato más justo y equitativo para las personas con discapacidad están dichas, lo que hay que hacer de manera imperativa desde lo jurídico y legal está muy claro; sin embargo queda un abismo entre el marco legal y la práctica cotidiana de los derechos, ya que existe un desconocimiento significativo en cuanto a la promoción y defensa de éstos, lo que se traduce en una exigencia muy pobre por parte de los directamente involucrados, es decir, por parte de las mismas personas con discapacidad, sus familiares y personas dedicadas a su desarrollo integral como individuos.
El papel de la escuela y el derecho a la educación especializada.
El tránsito hacia una cultura del respeto a los derechos fundamentales de todas las personas representa una batalla que se debe librar en varios frentes. Aunque todos resultan importantes, librar esta lucha en el campo de la educación es una prioridad absoluta, toda vez que estos derechos son centrales en la formación del ciudadano.
El derecho a la educación de las personas con discapacidad está contemplado en las leyes, sin embargo no existe una norma que exija su aplicación, en la Ley General de la Educación en el Artículo 66 menciona: Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la Secundaria; sin embargo no se contemplan los preceptos necesarios que otorgen vigencia a este derecho; en la actualidad y principalmente en algunas partes del interior de la República, los niños con discapacidad simplemente no acceden a ningún sistema escolar dada la precariedad de sus condiciones y la ideología de padres de familia en donde impera seguirlos ocultando.
En muchos casos los padres no llevan a sus hijos a la escuela, debido a que existe un desconocimiento general de los servicios escolares que ofrece el Estado y los que logran ingresar al sistema, se enfrentan la mayoría de veces con servicios deficientes, marcados por la simulación en cuanto a la adquisición de conceptos, pues no existen las medidas razonables, programáticas y didácticas suficientes que doten a los maestros de las herramientas elementales para llevar a cabo adecuaciones curriculares funcionales en los programas educativos de los alumnos.
Para lograr que una cultura por los derechos sea respetada, deberá encontrar un fuerte apoyo en la escuela, siendo necesario que los proyectos de sensibilización y concientización, no solo vayan dirigidos a los alumnos, si no a los padres de familia, profesores y administrativos, desarrollando acciones de carácter educativo que apunten a que las personas se reconozcan como sujetos de derecho y merecedores de un trato digno y respetuoso, de manera que demanden este trato a otros y lo brinden ellos.
Un reto sustancial al cual se enfrenta la enseñanza, es tratar de hacer que un sujeto comprenda bien que muchas cosas no dependen en absoluto de él mismo ni de su entorno, pero que también comprenda que muchas cosas depende de su participación.
Nuestro papel como docentes no debe ni puede quedar reducido a la instrucción de los alumnos; existen condiciones de vida en las personas con discapacidad que superan nuestras capacidades catedráticas, pero también existen espacios conquistados por el maestro quien ejerce una influencia considerable en el entorno de la persona con discapacidad, principalmente en el padre de familia, con quien debemos trabajar de manera conjunta, acercándolo a los temas que lo competen directamente, como la promoción y defensa de los derechos que tiene su hijo a recibir una educación de calidad.
José Saramago insiste en una puntualización que consideramos fundamental para esta reflexión: la auténtica ecuación no es la de saber datos de cultura general, sino la educación del respeto por el otro. Más allá de la tolerancia, hallar la conciencia de nuestro lugar en la sociedad: a qué tenemos derecho y cuáles son nuestras obligaciones, la verdadera educación no la logra la escuela sola como sistema sino el conjunto humano de experiencias que en ella se viven, incluyendo el papel trascendental de los profesores,administrativos, la familia y el grupo en general.
Abrir espacios de enseñanza, sensibilización y reflexión es indispensable para lograr un verdadero cambio en las acciones educativas de las personas con discapacidad que nos permitan transitar de una educación especial a una educación especializada, que nos permita puntualizar en la satisfacción de las necesidades que su misma condición demanda.
Reducir nuestro lugar al de manuales de instrucción, es quedarnos en el anonimato donde el silencio cobra la factura y nos vuelve cómplices inmediatos del presente que nos toca vivir, aniquilando las escasas posibilidades de proponer en un contexto que nos obliga a una actuación más formativa que instructiva y asistencial.
La reflexión dota al discurso de la validez y confiabilidad suficiente que sirve para evidenciar lo que a simple vista se manifiesta; la deficiencia de un sistema educativo que hasta el 2008 mantenía a nuestro país en el lugar número 52, descendiendo 5 lugares desde el 2007 según organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien prevé que los Objetivos del Milenio, dentro de los cuales se encuentran la reducción del número de personas analfabetas, la mortalidad infantil, fallecimientos de mujeres embarazadas, discapacidad infantil, desnutrición y deserción escolar en México, corren "momentos de incertidumbre" al no contar con los apoyos necesarios para superarse.
Y es que en un país, en donde según los especialistas mencionan que el gobierno mexicano es de los que menos recauda en el mundo, superando apenas el 8% del Producto Interno Bruto PIB, debido entre otras cosas a la ineficiencia de un sistema de recaudación fiscal y a la corrupción que impera sobre todo en el imago colectivo como signo de aceptación social y no al revés; no es de sorprenderse que de lo recaudado se le asigne una mínima parte a la educación, salud, incluso a la seguridad pública.
En el caso de la atención a las personas con discapacidad, en materia educativa, los recortes para el Programa de Fortalecimiento de la educación especial y de la Integración Educativa se redujo en 88.2%, pues de los 662.4 millones de pesos asignados para 2009, en 2010 pasó a 78. 2 millones de pesos. El Programa de Educación para personas con discapacidad se recortó en un 25%, al pasar de 100 a 75 millones de pesos, para este año.
El panorama puede resultar desalentador y lo es, las cifras en papel revelan la realidad en la que miles de alumnos, maestros, directivos, personal administrativo y padres de familia viven no solo en la escuela "especial", sino también dentro de una sociedad en la cual las personas con discapacidad apenas empiezan a ser visibles, donde el cuestionamiento aparece cuando se trata de la adquisición de responsabilidades. ¿A quién o a quienes, les o nos, corresponde cambiar esta realidad que los analistas ven en número y nosotros en los días?, ¿en quienes están fincadas las esperanzas, los milagros o las exigencias?, ¿es responsabilidad de la ciudadanía, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, cambiar este desconsolador panorama?, ¿se puede? o ¿es una realidad dada de una vez y para siempre a la cual no nos queda más que acostumbrarnos y resignarnos?, ¿tenemos o no opciones? y si las tenemos ¿cuáles son y en qué consisten?
El marco legal como garantía de la educación especial en México.
Se piensa que la educación especial sólo está reservada a la gente que presenta discapacidad o necesidades educativas especiales, sin embargo la educación especial también se encuentra dirigida a los alumnos que presentan características sobresalientes o "superdotadas",cubre un marco integral para todos los individuos que por múltiples razones salen de una norma.
En México la educación especial cobra antecedentes desde inicios del siglo XIX, se crean los primeros centros de atención para tres grupos de la población en específico, los inadaptados sociales, ciegos y sordomudos; en el año de 1915 se funda en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental.
Los cambios constitucionales de 1917, traen consigo la democratización de la educación estipulada en el Artículo Tercero de nuestra Constitución, señalando la consigna principal de que "todo individuo debe tener derecho a la educación" correspondiéndole a diversos actores de la sociedad académica principalmente, vigilar estos principios, de unanimidad, laicismo, fomento y desarrollo.
Por decreto presidencial en 1970 le corresponde a la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Especial, organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema federal de educación especial y la formación de maestros especialistas.
En 1993 nuestro país consolida, sólo en un marco legal, las bases que buscan garantizar la igualdad y equidad de oportunidades en el ámbito de la educación por medio de la Ley General de Educación, en donde estipula las bases para la regulación educativa que imparte el Estado, dicha ley reitera en su Artículo 2º, lo que nuestra Carta Magna hace en el Artículo 3º Constitucional, al enunciar el derecho a la educación para todo individuo, entendiendo el derecho, como el conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio creados por el Estado, para la conservación del orden social.
En cuanto a la educación especial, la Ley General de Educación, integra el ya afamado Artículo 41, que para algunos autores ha revelado los indicios de las “medidas más revolucionarias” en cuanto al tema de la educación para personas con discapacidad, aunque es un esfuerzo digno de reconocerse, lo cierto es que a la realidad no es suficiente.
En 1995 la Secretaría de Educación Pública, realizó el Registro Nacional de Menores con algún signo de discapacidad y se repartieron 24 millones de cédulas a padres de familia y maestros de educación básica, mencionando los derechos educativos de los menores con discapacidad, al día de hoy resulta inadmisible que a quince años de este Registro Nacional, no haya cifras exactas que nos permitan impartir políticas públicas de calidad educativa para las personas con discapacidad y que sus opciones al paso de los años parezcan quedar reducidas a lugares de asistencia, motivando la existencia de cifras como las que el 98% de los niños con discapacidad en los países en desarrollo no asisten a la escuela.
Las leyes están parcialmente inscritas y manteniéndose desde un orden subjetivo sin cobrar terreno en la realidad, existe una notable incapacidad para asirlas y hacerlas nuestras; apropiarnos de la leyes es corporeizarlas y darles forma en lo cotidiano, hacer que existan en cada uno de los sujetos a los que van dirigidas.
Las leyes se cumplen cuando se sabe de su existencia,salen del anonimato y son nombradas, es ahí cuando dejan de ser una “cosa” y se les comienza a dar sentido en el discurso colectivo que las hace valer, al mismo tiempo que las hace existir.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; el instrumento jurídico al cual asirse.
La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad es la reacción a la comunidad internacional ante el largo historial de discriminación, exclusión y deshumanización de las personas con discapacidad.
El Gobierno mexicano en voz de Don Gilberto Rincón Gallardo presentó en el 2001 ante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, una propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas para que abriera un proceso orientado a la aprobación de un tratado “amplio e integral que protegiera la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”
Tras varios años de negociaciones este enorme esfuerzo se materializa el 13 de diciembre del 2006 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba por consenso la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo Facultativo, ante un hecho histórico pues ha sido el tratado que se ha negociado con mayor rapidez y el primero del siglo XXI.
Sin duda este acto de protagonismo del gobierno, obliga aún más al Estado mexicano a tutelar y promover los derechos y las oportunidades de las personas con discapacidad.
México firma el 30 de marzo de 2007 y ratifica el 17 de diciembre del mismo año, lo cual indica que según la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acuerdos y tratados internacionales firmados por México pasan a formar parte de nuestro cuerpo de leyes, y su nivel normativo es muy alto, sólo por debajo del de la Constitución, pero por arriba de leyes generales, federales y locales.
Con esta firma el gobierno y los legisladores mexicanos tienen una tarea inmediata: armonizar nuestras leyes y políticas públicas con el contenido de la convención de la ONU para modificar el trato a las personas con discapacidad en los distintos ámbitos fundamentales de la vida social, como lo son la salud, la educación el empleo y el acceso a la justicia.
La Convención no reconoce ningún nuevo derecho humano de las personas con discapacidad, sino que aclara las obligaciones y deberes jurídicos de los Estados de respetar y garantizar el ejercicio por igual de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En el Artículo 24 de la Convención enuncia que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, haciendo efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, en donde aseguren un sistema de inclusión a todos lo niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida; sin embargo en nuestras leyes no se contempla el acceso a la educación superior de personas con discapacidad, ni la facilitación de apoyo personalizados y tampoco garantiza su inserción a un sistema inclusivo preparado para recibirlos.
Las demandas de un trato más justo y equitativo para las personas con discapacidad están dichas, lo que hay que hacer de manera imperativa desde lo jurídico y legal está muy claro; sin embargo queda un abismo entre el marco legal y la práctica cotidiana de los derechos, ya que existe un desconocimiento significativo en cuanto a la promoción y defensa de éstos, lo que se traduce en una exigencia muy pobre por parte de los directamente involucrados, es decir, por parte de las mismas personas con discapacidad, sus familiares y personas dedicadas a su desarrollo integral como individuos.
El papel de la escuela y el derecho a la educación especializada.
El tránsito hacia una cultura del respeto a los derechos fundamentales de todas las personas representa una batalla que se debe librar en varios frentes. Aunque todos resultan importantes, librar esta lucha en el campo de la educación es una prioridad absoluta, toda vez que estos derechos son centrales en la formación del ciudadano.
El derecho a la educación de las personas con discapacidad está contemplado en las leyes, sin embargo no existe una norma que exija su aplicación, en la Ley General de la Educación en el Artículo 66 menciona: Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la Secundaria; sin embargo no se contemplan los preceptos necesarios que otorgen vigencia a este derecho; en la actualidad y principalmente en algunas partes del interior de la República, los niños con discapacidad simplemente no acceden a ningún sistema escolar dada la precariedad de sus condiciones y la ideología de padres de familia en donde impera seguirlos ocultando.
En muchos casos los padres no llevan a sus hijos a la escuela, debido a que existe un desconocimiento general de los servicios escolares que ofrece el Estado y los que logran ingresar al sistema, se enfrentan la mayoría de veces con servicios deficientes, marcados por la simulación en cuanto a la adquisición de conceptos, pues no existen las medidas razonables, programáticas y didácticas suficientes que doten a los maestros de las herramientas elementales para llevar a cabo adecuaciones curriculares funcionales en los programas educativos de los alumnos.
Para lograr que una cultura por los derechos sea respetada, deberá encontrar un fuerte apoyo en la escuela, siendo necesario que los proyectos de sensibilización y concientización, no solo vayan dirigidos a los alumnos, si no a los padres de familia, profesores y administrativos, desarrollando acciones de carácter educativo que apunten a que las personas se reconozcan como sujetos de derecho y merecedores de un trato digno y respetuoso, de manera que demanden este trato a otros y lo brinden ellos.
Un reto sustancial al cual se enfrenta la enseñanza, es tratar de hacer que un sujeto comprenda bien que muchas cosas no dependen en absoluto de él mismo ni de su entorno, pero que también comprenda que muchas cosas depende de su participación.
Nuestro papel como docentes no debe ni puede quedar reducido a la instrucción de los alumnos; existen condiciones de vida en las personas con discapacidad que superan nuestras capacidades catedráticas, pero también existen espacios conquistados por el maestro quien ejerce una influencia considerable en el entorno de la persona con discapacidad, principalmente en el padre de familia, con quien debemos trabajar de manera conjunta, acercándolo a los temas que lo competen directamente, como la promoción y defensa de los derechos que tiene su hijo a recibir una educación de calidad.
José Saramago insiste en una puntualización que consideramos fundamental para esta reflexión: la auténtica ecuación no es la de saber datos de cultura general, sino la educación del respeto por el otro. Más allá de la tolerancia, hallar la conciencia de nuestro lugar en la sociedad: a qué tenemos derecho y cuáles son nuestras obligaciones, la verdadera educación no la logra la escuela sola como sistema sino el conjunto humano de experiencias que en ella se viven, incluyendo el papel trascendental de los profesores,administrativos, la familia y el grupo en general.
Abrir espacios de enseñanza, sensibilización y reflexión es indispensable para lograr un verdadero cambio en las acciones educativas de las personas con discapacidad que nos permitan transitar de una educación especial a una educación especializada, que nos permita puntualizar en la satisfacción de las necesidades que su misma condición demanda.
Reducir nuestro lugar al de manuales de instrucción, es quedarnos en el anonimato donde el silencio cobra la factura y nos vuelve cómplices inmediatos del presente que nos toca vivir, aniquilando las escasas posibilidades de proponer en un contexto que nos obliga a una actuación más formativa que instructiva y asistencial.
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